EINF (Estado de Información No Financiera):

La Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad (de transposición de la Directiva Europea 2014/95/UE) establece la obligación que determinadas empresas comuniquen determinada información no financiera para comprender la evolución, los resultados, su situación y el impacto de su actividad respecto, al menos, de los siguientes ámbitos:

  • Cuestiones ambientales.
  • cuestiones sociales y relativas al personal.
  • Información sobre el respeto a los derechos humanos.
  • Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno.
  • Información sobre la sociedad.

Debiendo incluir, además, su modelo de negocio, sus políticas, los resultados de sus políticas, un análisis de riesgos, y los indicadores clave de resultados no financieros.

Las sociedades que están obligadas a realizar dichos informes son las que formulen cuentas consolidadas, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500.

b) Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

1º Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros.

2º Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros.

3º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.

Independientemente de su obligatoriedad, la aplicación de este tipo de acciones genera ventajas competitivas para las sociedades que las aplican, como son:

  • Facilitar a la empresa, y a la sociedad en general, la comprensión de la evolución y de su interacción con las áreas anteriormente señaladas (cuestiones ambientales, sociales, respeto de los derechos humanos, corrupción y soborno, y sociedad).
  • Establecer políticas y planes de mejora.
  • Aumentar la confianza de los trabajadores, consumidores, inversores y de la sociedad en general.

Finalmente, indicar que, para comprobar la veracidad de la información incluida en el estado de información no financiera, ésta será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación, tal y como exige la citada Ley 11/2018.